El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este jueves que inició un proceso para cancelar 20 contratos firmados con oferentes, luego de que en el día de ayer la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) presentara al Ministerio Público un informe sobre violaciones a la ley en tres procesos de licitación pública para la adquisición de útiles escolares.
Por la situación, también nueve colaboradores que participaron en las licitaciones fueron cancelados, entre ellos, los peritos responsables de las evaluaciones técnicas, según informó Inabie mediante un comunicado de prensa.
Otras medidas
En ese sentido, el Inabie manifestó su disposición de continuar colaborando con todas las investigaciones relacionadas con los procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar iniciados en el año 2024.
La institución explicó que ha respondido puntualmente a cada una de las solicitudes realizadas por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría relacionadas a la investigación que aún se encuentra en curso e informó que lo propio hará con cualquier información que pueda requerir la Procuraduría General de la República (PGR).
La institución también indicó que fue la propia Dirección Ejecutiva del Inabie que solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a ProCompetencia el acompañamiento para investigar posibles irregularidades identificadas de forma preliminar en los procesos Inabie-CCC-LPN-2024-0008, Inabie-CCC-LPN-2024-0010 e Inabie-CCC-LPN-2024-0012 relacionados a la utilería escolar.
El Inabie también destaca que hasta el momento las evaluaciones realizadas a los procesos no han evidenciado afectación de derechos ni se ha recibido ningún tipo de impugnación por parte de los oferentes ni en la institución ni en la propia DGCP.
Como parte de esas medidas, se dispuso de inmediato la suspensión de certificación de contratos con las empresas involucradas.
La institución destacó que no se ha efectuado ningún desembolso económico vinculado a los contratos de empresas denunciadas en estos procesos, en salvaguarda de los recursos públicos.
