Constructores advierten impacto sobre el costo de la vivienda por Ley de Residuos

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Las asociaciones y gremios que representan al sector constructor de viviendas en la República Dominicana expresaron su preocupación por la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como la aprobación en el Senado, con carácter de urgencia y sin el debido debate técnico, del proyecto que la modifica.

En particular, preocupa que dicha legislación grave los patrimonios autónomos (fideicomisos), generando escenarios de doble carga económica al imponer nuevas obligaciones sobre vehículos jurídicos y operaciones económicas que ya soportan estas cargas fiscales. Esto incrementa los costos de los proyectos, trasladándose al precio final de la vivienda.

A través de un comunicado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde), la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) y la Asociación de Constructores y Desarrolladores de la Provincia La Altagracia (Adecla) advirtieron que la norma podría entrar en tensión al régimen especial previsto en la Ley 189-11 que promueve el acceso a la vivienda y el desarrollo del mercado hipotecario.

Reconocemos la importancia de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y respaldamos las iniciativas orientadas a promover un manejo ambientalmente responsable. No obstante, consideramos fundamental que las medidas adoptadas respondan a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica, evitando efectos no previstos sobre sectores estratégicos como la vivienda, precisa el documento.

Espacio de diálogo

Los gremios hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados, evalúe nuevamente el alcance de la iniciativa y garantice una legislación equilibrada, técnicamente sustentada y proporcional, que promueva la sostenibilidad ambiental sin afectar la seguridad jurídica, la inversión y el acceso a la vivienda.