República Dominicana estrena y aplica desde hoy un nuevo Código Penal

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La República Dominicana comenzará a aplicar desde este lunes 3 de agosto el nuevo Código Penal. Este sustituye la legislación que estuvo vigente desde 1884 e introduce decenas de figuras delictivas, endurece sanciones para diversos crímenes y proporciona a los jueces una herramienta novedosa para castigar los delitos.

La entrada en vigor se produce un año después de la promulgación de la Ley 74-25, el 3 de agosto del 2025, y en cumplimiento del artículo 393, que otorgó un plazo de 12 meses para su aplicación.

Ese plazo se cumple este lunes, y el propio presidente Luis Abinader, al ser entrevistado sobre cuestionamientos a algunos artículos de la normativa, ratificó que la entrada en vigencia no se iba a aplazar.

Cúmulo de penas

Entre sus principales novedades, el Código Penal incorpora tipos penales que no existían en el antiguo código e incrementa las penas para múltiples delitos. En los casos más graves, contempla condenas de hasta 40 años de prisión y, bajo determinadas circunstancias previstas en la ley, acumulaciones de penas que pueden alcanzar los 60 años.

Asimismo, actualiza la tipificación de delitos tecnológicos y fortalece el marco legal para perseguir modalidades criminales que no estaban contempladas en la legislación anterior.

La aprobación del Código Penal fue el resultado de un proceso legislativo que se prolongó durante casi tres décadas y que estuvo marcado por intensos debates, observaciones presidenciales, decisiones del Tribunal Constitucional y múltiples intentos fallidos en el Congreso Nacional antes de que la Ley 74-25 fuera finalmente aprobada y promulgada.

Casi un año después de ser aprobada y antes de entrar en vigencia, la Ley sufrió su primera gran modificación en varios artículos señalados por vulnerar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

En menos de dos semanas, el Congreso aprobó modificaciones a artículos vinculados al ultraje, la difusión de imágenes privadas, la difamación, la malversación de fondos, la responsabilidad penal de las empresas y otros puntos.

Las críticas llevaron incluso a que en el Congreso se presentaran iniciativas para aplazar la entrada en vigor del Código por seis meses, mientras se discutían modificaciones puntuales.

También se abrió un proceso para recibir propuestas de cambios apenas un año después de la aprobación de la ley. No obstante, esas iniciativas no prosperaron antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo 393, por lo que la legislación comenzó a aplicarse este 3 de agosto.

Defensa al Código

Antes de ser modificado por primera vez, el nuevo Código Penal fue blanco de ataques porque aquellos cambios se aprobaron en solo semanas de análisis.

En ese sentido, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, utilizó su más reciente rendición de cuentas para responder que el Código Penal “no fue salcochado” ya que el Congreso tardó más de 20 años en aprobar la nueva ley.

“Cuando el primer proyecto llegó, algunos de los legisladores que estudiaron la nueva ley no habían nacido”, sostuvo el presidente del órgano congresual.

Aún así, el Código Penal vigente desde hoy se enfrenta a recursos judiciales que se dirimen en el Tribunal Constitucional y que, dependiendo del fallo de los jueces, podrían alterar o mantener o algunos puntos de la ley.

Temas espinosos no lo detuvieron

En el trajín para aprobar el nuevo Código Penal, cuando aún era proyecto en el Congreso, la pieza perimió muchas veces y en otras no encontró la votación reglamentaria que requiere una ley orgánica.

Esencialmente, las diferencias en torno al proyecto se basaron en la penalización absoluto del aborto, aún en situaciones especiales, la responsabilidad penal de iglesias y partidos políticos, los métodos correctivos de padres a hijos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y otros temas que quedaron fuera de la ley y que causaron el retraso de las propuestas penales.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal concluye la vigencia del texto penal que regía desde 1884 y se inicia una nueva etapa para el sistema de justicia penal dominicano, con un marco normativo que amplía el catálogo de delitos y modifica el régimen de sanciones aplicables en el país.